Ya hay sentencia sobre la prohibición de la manifestación en Barcelona

Ayer escribía en este mismo blog sobre el recurso contencioso-administrativo contra la prohibición gubernativa de una manifestación en Barcelona. Pues bien también ayer mismo, ya por la noche, he conocido la sentencia que desestima el recurso. El contenido de la sentencia tiene que ver con los términos del debate que exponía ayer en el blog.

Desgraciadamente, la sentencia no aporta mucho al debate de fondo, sobre la vigencia y eficacia del derecho fundamental de reunión (art. 21 CE). Porque, de forma sorprendente, la sentencia en cuestión considera que el Conseller d´Interior no era competente para prohibir la manifestación. Argumenta brevemente el Tribunal Superior de Justicia que desde que se declaró el estado de alarma, el 14 de marzo, todas las autoridades civiles han pasado a depender directamente del Gobierno. Y, en consecuencia, correspondía al Gobierno, y no al Conseller d´Interior prohibir o no la manifestación.

La sentencia es, ya digo, sorprendente. Primero, porque si considera que el Conseller no era competente, ¿cómo es que no anula la prohibición, precisamente por falta de competencia del Conseller?

Y lo que es aún más importante, en cuanto al razonamiento de fondo: ¿cómo es que el Gobierno es ahora competente para prohibir manifestaciones? En un artículo publicado en EL CRONISTA argumenté, con base directa en el art. 1.4 de la Ley orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, así como en los arts. 5 y 6 del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el actual estado de alarma, que durante esta situación jurídica excepcional el Gobierno no absorbe todas las competencias autonómicas y locales. Únicamente, el Gobierno adquiere la facultad de dictar todas las “medidas” necesarias para combatir la causa del estado de alarma. Esta competencia estatal extraordinaria sólo es operativa mientras dura el estado de alarma, y durante ese tiempo concurre en posición de prevalencia con las competencias ordinarias de las Comunidades Autónomos y las entidades locales. Esto es, las “medidas” del Gobierno se imponen –prevalecen- frente a cualesquiera normas y decisiones autonómicas o locales  previas que las contradigan. Y a futuro, durante el tiempo de la alarma, ninguna Comunidad Autónoma o municipio pueda adoptar ninguna nueva decisión, de cualquier clase y forma, que sea contraria a las medidas del Gobierno. Eso es todo.

Durante el estado de alarma, el Conseller d´Interior es tan competente para prohibir una manifestación como lo era antes del estado de alarma. Ni los Estatutos de Autonomía ni las leyes que los desarrollan han quedado suspendidos por el Real Decreto de alarma. Ocurre, simplemente, que eficacia prevalente de las medidas del Real Decreto 463/2020 impiden que el Conseller, como cualquier otra autoridad, adopte una decisión incompatible con las “medidas de alarma” dictadas por el Gobierno. Por eso decía ayer que era obligación del Conseller aplicar al caso la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. Correspondía al Conseller, por tanto, comprobar si la concreta manifestación comunicada era o no compatible con las restricciones a la libertad de circulación que contiene el art. 7 del Real Decreto 463/2020. Y, en el caso de que no se diera esa compatibilidad, correspondía al Conseller proponer o sugerir alguna forma de ejercicio del derecho de manifestación que sí fuera compatible con las medidas de alarma. Así que, una vez más, y recordando lo que expresamente dice el art. 1.4 de la Ley orgánica 4/1981: la declaración de alarma no ha volatilizado el Estado constitucional. Ni lo ha suspendido. Siguen vigentes las competencias estatales y autonómicas. Y siguen vigentes los derechos fundamentales. Aunque el ejercicio de unas y otros deba amoldarse ahora a las “medidas” extraordinarias y provisionales dictadas por el Gobierno.

No nos dejamos llevar por la mística cuasi-religiosa de los estados excepcionales, que tanto inflamara  el espíritu y la prosa de Carl Schmitt en el período de entreguerras. Y que no dejó tras de sí más que sufrimiento y desolación. Los estados excepcionales no son tierras prometidas. Tienen en sí el riesgo inmanente de alentar derivas autoritarias que luego son difíciles de embridar. En el estado de alarma hay un aumento de las competencias del Gobierno, cuyo ejercicio prevalece sobre las competencias autonómicas y locales. Y cabe la posibilidad de que, conforme a lo que autoricen en cada momento las leyes, el Gobierno limite el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Ambos poderes extraordinarios están limitados constitucionalmente: sólo por el tiempo de alarma; y sólo en la medida en que tales restricciones -competenciales y de derechos fundamentales- sean proporcionadas a los hechos que motivan la declaración de la alarma. Atengámonos al orden constitucional, sin atajos y sin dar pábulo a quienes anhelan tierras prometidas. Cuantas menos extravagancias, cuanto más ordinario sea el estado de alarma, mejor para todos.

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